Luego de la firma de compromisos para garantizar la producción del aguacate Hass bajo criterios de sostenibilidad, diferentes líderes ambientales, dirigentes sociales, la Procuraduría Ambiental y Agraria, así como la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), visitaron los cultivos en el municipio de Acevedo, en el Huila.

En Acevedo están ubicadas las dos empresas colombianas más grandes que han implementado el cultivo de aguacate, y que hoy se muestran como ejemplo en los procesos de agricultura ambientalmente sostenible.

El proyecto se desarrolla en la vereda El Silencio. Desde sus inicios llamó la atención de las comunidades que veían con cierto temor la siembra de aguacate Hass en más 190 hectáreas, donde se podían afectar las afluentes hídricas y la biodiversidad, lo que les motivó a interponer las primeras denuncias ante la CAM y la Alcaldía de Acevedo.

Las autoridades de control, conjuntamente con el Concejo de ese municipio y líderes de la región, iniciaron una serie de reuniones de concertación con las empresas aguacateras a fin de garantizar la conservación de los recursos naturales y asegurar el agua de la que se benefician los acueductos veredales La Unión, La Victoria y Cristo Rey.

Debido a ello, la Administración Municipal y las dos empresas concertaron algunas medidas que brindan garantía al desarrollo sostenible de la plantación y la conservación de los recursos naturales existentes en la zona, la cual pertenece al Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Peñas Blancas.

La dirección general de la CAM y la Procuraduría Agraria y Ambiental visitaron el cultivo a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos realizados por las empresas, en cuanto a la conservación de las áreas naturales.

“Con el fin de que muchos productores se puedan convertir en una buena opción desde el punto de vista técnico y productivo, permitiendo a su vez la sostenibilidad y el buen manejo de los recursos naturales, realizamos un trabajo de reconocimiento acerca de cómo se están desarrollando estos cultivos en el territorio, evaluando las condiciones en que se están desarrollando y previendo también impactos ambientales y la forma de mitigarlos”, explicó Camilo Augusto Agudelo Perdomo, director general de la CAM.

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Hoy en día la CAM dio a conocer los compromisos adquiridos por las empresas productoras, entre los que se encuentra: respetar el área forestal de las quebradas, nacimientos de agua y drenajes continuos en mínimo 30 metros; realizar la delimitación, reforestación y restauración de la zona protectora de las fuentes hídricas dentro del área del cultivo; retirar dos mil árboles de aguacate que estaban sembrados cerca de la ronda hídrica; tramitar los permisos de concesión de aguas, aprovechamiento forestal, ocupación de cauce y de vertimientos; poner en funcionamiento un sistema de tratamiento para aguas residuales domésticas y las demás generadas al interior del proyecto; y, por último, suspender las zonas de mezcla de agroinsumos, requeridos para el cultivo.

Para garantizar el cumplimiento oportuno de cada uno de los compromisos adquiridos se ha realizado seguimiento continuo al cultivo, donde según la CAM se observó que el 56,8% de las hectáreas del primer predio y el 45,72% del segundo se han dejado con fines exclusivos a la conservación y restauración natural, lo que suma un poco más de 50 hectáreas que anteriormente eran potreros.

Asimismo, los ejecutores del proyecto avanzan en los procesos de monitoreo de la fauna silvestre presente de la zona, donde se registra presencia de monos aulladores, tayras, perros de monte, zarigüeyas y diferentes especies de aves.

Adriana Cortés, directora administrativa y financiera de ManaFruid y directora del proyecto en Acevedo, indicó que desde hace dos años se dio inicio a todo el proceso, partiendo de unos análisis de suelos. “Hicimos todo el recorrido por la zona, identificación y demás, por lo que procedimos a comprar el predio junto con todo nuestro equipo, ambiental y jurídico, basados en la experiencia de nuestros socios con larga experiencia en cultivos”, explicó Cortés.

A la par del proceso de concertación, la CAM avanzó con dos medidas sancionatorias, dando seguimiento a las denuncias realizadas, inicialmente, por la comunidad, en las que se señalaban daños ambientales por tala y contaminación, a través de las cuales se declararon responsables las empresas agrícolas y se impusieron multas económicas que ascienden a los 120 millones de pesos, así como el cumplimiento estricto de la normatividad ambiental durante la ejecución del proyecto.